La cooperación de Estados Unidos y México en el combate al crimen organizado

Según la pgr, tanto México como eeuu «han reiterado su compromiso de fortalecer los lazos de colaboración, basados en el principio de corresponsabilidad, para hacer frente a los retos que el crimen organizado representa para sus sociedades»[1]. La pgr considera que se ha logrado avances significativos en la disminución de las capacidades delictivas de las organizaciones criminales, gracias a un trabajo coordinado que «ha permitido desarrollar diversos programas de especialización, así como facilitar los procesos de extradición y asistencia jurídica mutua, decomisos y compartición de bienes producto del delito»[2]. eeuu busca que el fenómeno de la delincuencia organizada sea combatido ya que, al ser uno de los mercados más importantes para el comercio de bienes y servicios provenientes de este sector ilegal, muchos de sus intereses se ven afectados. La dea (Drug Enforcement Administration) comunicó que en ese país se destina anualmente 65 mil millones de dólares a la compra de drogas ilegales, de los cuales las agencias federales confiscan sólo mil millones. No extraña que se invierta tantos recursos en cooperación con otros países en el ámbito del combate antidrogas.

Debido al alarmante incremento en los niveles de consumo de drogas en eeuu al final de los setenta[3], a principios de los ochenta el gobierno estadounidense estableció una campaña más agresiva contra el narcotráfico. Esta política de combate tuvo importantes repercusiones en la frontera México-Estados Unidos, al incorporar al Ejército para la colaboración y apoyo a las autoridades de la patrulla fronteriza en la vigilancia de su frontera suroeste. Con esta medida, el gobierno estadounidense inició una nueva fase de militarización fronteriza[4]. Ésta y muchas acciones no son gratuitas ni altruistas. eeuu tiene responsabilidad en el problema no sólo como consumidor de los productos y servicios de actividades ilegales, sino también como parte de la cadena de perpetración de tales ilícitos. Muchos de sus bancos e instituciones financieras han estado involucrados en el lavado de dinero y los grandes grupos criminales aprovechan la facilidad de la compra de armas de uso militar en ese país, lo que también genera que la operación de la delincuencia organizada se provea del mercado estadounidense de armamento para ejecutar algunas de sus operaciones. La cooperación norteamericana puede manifestarse en ámbitos como el apoyo con inteligencia, la preparación policial y de estrategia y recursos económicos acogidos por los Estados que la reciben e implementan la perspectiva con que se enfrenta el problema[5] y que coincide con visiones propias de la guerra.

Delincuencia institucionalizada

La delincuencia encuentra alta rentabilidad en múltiples actividades ilícitas, por lo que se detecta un variado catálogo de conductas encuadradas en lo que también se ha denominado moderna criminalidad organizada o delincuencia institucionalizada: mafias, guerrillas, grupos terroristas, carteles, etcétera, que se desenvuelven a gran escala con criterios empresariales muy definidos, ejecutando sus actividades en un ámbito de actuación supranacional, todo en un aparato bien estructurado y con conductas consideradas como de alto impacto social. La delincuencia a nivel transnacional mantiene su centro de operación económico en Estados débiles y proclives a tener esta problemática a mayor escala, ampliando sus redes a otros Estados que consumen los productos y servicios que controlan las grandes mafias transnacionales[6]. Este problema también se refleja en la preocupación de la onu, a través de la unodc[7], cuando afirma que «La delincuencia organizada transnacional se manifiesta de muchas formas, incluyendo el tráfico de drogas, armas de fuego e incluso de personas. Al mismo tiempo, el crimen organizado explota la movilidad humana para el contrabando de migrantes y socava los sistemas financieros a través de lavado de dinero».

El gobierno mexicano comparte la visión de que la criminalidad es un problema global, afirmando que ésa es la razón por la que se sitúa «entre los principales retos y desafíos en el mundo, a la par de la corrupción, el tráfico de drogas, la diseminación de enfermedades infecciosas y el cambio climático. Su alcance trasnacional es reforzado por su elevada capacidad y velocidad para adaptarse y aprovechar los resquicios de la globalización»[8].

En febrero de 2004, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ecosoc), en el documento Desarrollo, seguridad y justicia para todos, destacó:

«Los grupos delictivos han ensanchado el ámbito de sus operaciones, tanto por lo que se refiere a zonas geográficas como a los sectores en que actúa, es decir, la delincuencia no es meramente transnacional y especializada, sino transcontinental y diversificada»[9].

La mayoría de las veces resulta muy redituable económicamente incidir en este tipo de conductas: es atractivo asociarse para cometerlas. Pero no es sólo el aspecto económico el que debe destacarse, ya que también hay una serie de elementos con igualdad de importancia que motiva esta problemática. Es el caso de la búsqueda de reconocimiento, el sentido de pertenencia a un grupo específico, la desintegración familiar, el poder que dan tales organizaciones a distintos niveles o incluso la coacción para participar en actos delictivos.


[1]  pgr, 2012.

[2] Comunicado de prensa del 31 de julio de 2012 en: http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol12/Jul/b27312.shtm, fecha de consulta, 31-07-12. (PGR, 2012).

[3]  Joyce y Malamud, 1998: 24.

[4]  González, 2009: 51.

[5]  im, 2008.

[6] Sansó-Rubert, 2005.

[7]  http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html, fecha de consulta, 01-04-12.

[8]  pnsp 2008-2012: 11.

[9]  Cruz, 2008: 24.

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